Las dos principales compañías ferroviarias de carga en Canadá, Canadian National (CN) y Canadian Pacific Kansas City Southern (CPKC), se encuentran en medio de una disputa laboral con el sindicato Teamsters. Tras meses de negociaciones, en las cuales ambas partes se acusaron mutuamente de “mala fe”, no lograron llegar a un acuerdo. Por un lado, el sindicato busca mejorar las condiciones laborales de sus miembros, incluyendo modificaciones en los horarios de trabajo para ofrecer más oportunidades de descanso y así reducir el riesgo de accidentes. Incluso, buscan un incremento salarial y mejores beneficios. Por el contrario, las empresas ferroviarias aseguran que todas las propuestas proporcionan mayores protecciones de seguridad que las requeridas por las regulaciones canadienses.
En su momento, los sindicatos habían puesto como fecha límite el jueves 22 de agosto para alcanzar un acuerdo. Ante el anuncio, las dos empresa ya habían dejado de aceptar ciertos envíos de materiales peligrosos y productos refrigerados desde el 17 de octubre. Cuando llega le fecha límite las compañías suspendieron sus operaciones y esto resultó en la suspensión de 9 mil trabajadores del sindicato. Esto generó impactos negativos tanto en las economías canadienses como estadounidenses.
Dado que aproximadamente un tercio de la carga manejada por estos ferrocarriles cruza la frontera entre ambos países, el paro tiene el potencial de costarle a la economía de Canadá más de 340 millones de dólares canadienses diarios. Este sistema ferroviario también juega un papel crucial en la cadena de suministros de todo el continente. Razón por la cual, los efectos se sentirán en EE.UU., con más fuerza en a las industrias de agricultura, automotriz, construcción de viviendas y energía. Incluso en México, que es el tercer socio comercial más importante de Canadá.
La opinión pública se dividió, algunos instando a que el gobierno tome una postura más agresiva. Por su lado, los grupos empresariales de todo Canadá presionaron para que el gobierno intervenga y facilite la resolución de la disputa entre el sindicato y las compañías ferroviarias. No obstante, y pese a los reclamos, hasta el 22 de agosto el primer ministro Justin Trudeau mostró reticencia a imponer un acuerdo con los sindicatos. Un punto importante a tener en cuenta en esta situación es que, a diferencia de Estados Unidos, Canadá no dispone de una legislación laboral ferroviaria que permita al primer ministro bloquear una huelga o un cierre patronal mientras un panel examina las demandas de ambas partes y emite recomendaciones.
Ante esta situación, se exigió la realización de un arbitraje. Como respuesta, el Estado canadiense emitió una orden del Tribunal Canadiense que exige al sindicato continuar trabajando mientras se desarrolla el proceso de arbitraje. No obstante, esta medida tiene un trasfondo político significativo. Como menciona PBS News, el sindicato está preocupado por la posibilidad de permitir que el gobierno imponga una resolución sin una huelga. Principalmente porque podría sentar un precedente peligroso ante la posibilidad de debilitar su capacidad para negociar efectivamente y reducir su poder en futuras disputas laborales. Además, esta situación podría influir en el equilibrio de poder entre los sindicatos y el gobierno, afectando cómo se manejan las disputas laborales a nivel nacional. Es por eso que esta problemática no solo tendría repercusiones económicas inmediatas, sino que también plantea importantes preguntas sobre el papel del gobierno en las relaciones laborales y la autonomía de los sindicatos en Canadá.
En conclusión, la disputa entre Canadian National, Canadian Pacific Kansas City Southern y el sindicato Teamsters no solo revela la tensión inherente entre los derechos laborales y las demandas empresariales, sino que también plantea una cuestión fundamental sobre el papel del gobierno en la mediación de tales conflictos. Sumado a esto, debe resaltarse las repercusiones económicas y cómo es que traspasan las fronteras nacionales al encontrarnos en un entorno económico globalizado. Esto significa que las interrupciones pueden tener un efecto dominó desde el inicio de la cadena de producción hasta los consumidores finales. Es por ello que la capacidad del gobierno para intervenir y la autonomía de los sindicatos se encuentran en una delicada balanza: a medida que las economías y los sistemas de transporte se entrelazan más profundamente, la resolución de estas disputas no solo impactan a los involucrados directamente, sino que también plantea importantes preguntas sobre la justicia y la eficacia en la gestión de conflictos laborales en un mundo interconectado.
Viviana Champy
Redactora de la Sección de Norteamérica
Estudiante de Relaciones Internacionales