La reciente aprobación de la Ley N° 32002, que permite el retiro extraordinario de fondos de los afiliados a las AFPs, ha generado un intenso debate en la sociedad peruana. Si bien es cierto que esta medida puede representar un alivio para muchos trabajadores afectados por la crisis económica e inflación en los últimos 3 años, también plantea importantes desafíos y cuestionamientos sobre su impacto a largo plazo.
Uno de los aspectos más relevantes de esta medida es la falta de consenso y claridad en su implementación. La ley fue promulgada por el parlamento, y luego publicada el jueves 18 de abril, en el Boletín de Normas Legales del diario “El Peruano”. La cual permitiría que los contribuyentes a las AFPs retiren hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, hasta 20 600 soles. Asimismo, la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) tiene un plazo de 15 días calendario, después de la publicación de la norma, para indicar el procedimiento operativo.
En el último día de plazo máximo, la SBS publicó la Resolución N° 1623-2024, donde indicaba el procedimiento y cronograma para que los afiliados ingresen su solicitud para el retiro de sus fondos de las AFPs. Sin embargo, la falta de un marco regulatorio sólido y supervisión efectiva podría poner en riesgo la estabilidad del sistema de pensiones en el futuro para sus contribuyentes.
Actualmente, existe un universo de 9,1 millones de afiliados en las diversas instituciones de AFP del país. Asimismo, cabe resaltar que en el año 2023 la SBS, antes del 7mo retiro de la AFP, mencionó que poco más de 2 millones de afiliados ya contaban con un saldo cero, es decir, 0 soles en sus respectivas cuentas de AFP. De igual manera, otros 5 millones contaban con un saldo menor a 1 UIT, es decir, menos de 5150 soles.
Se estima que con este último retiro, impulsado por el parlamento, un total de 5,76 millones de peruanos retirará la totalidad de sus fondos de AFP, razón por la cual, ya no serían solo 2 millones de afiliados con un saldo cero en sus fondos para su vejez, sino 8,1 millones. En suma, con este último retiro solo quedarían 985 mil afiliados con algún tipo de aporte para su jubilación. Si bien es cierto que el impacto económico del desembolso de más de 30 mil millones de soles dinamizará la economía, también plantea preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal y la inflación. En consecuencia, esta medida parece beneficiar principalmente a los trabajadores formales afiliados a las AFP, los cuales llegan a un total de 5 millones, dejando de lado a los otros 13 millones de peruanos que se encuentran en el mercado informal y no pertenecen a ninguna entidad de AFP.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2023) alrededor de 26 millones de peruanos pertenecen a la Población en Edad de Trabajar (PET). De los cuales, 18 millones son parte de la Población Económicamente Activa (PEA) y otros 8 millones de la Población Económicamente Inactiva (PEI). Sin embargo, de los 18 millones de peruanos de la PEA, sólo 5 millones trabajan formalmente y están sujetos a la AFP. Si bien es importante apoyar a los trabajadores formales, también es fundamental considerar medidas que beneficien a toda la población, especialmente a los más vulnerables, que vienen siendo afectados por la recesión del 2023. Puesto que la promulgación de esta ley estaría beneficiando a un pequeño grupo de peruanos formales, dejando de la lado a los más de 13 millones de informales quienes también han sufrido los efectos de la inflación.
Por lo mencionado, esta ley es una medida populista con el fin de ganar simpatía de la ciudadanía, ya que está enfrentando el problema superficialmente. Esta dicotomía entre quienes están a favor o en contra del retiro de los fondos de AFP, sólo refleja la necesidad de un sistema de pensiones más equitativo y sostenible que atienda las distintas realidades y necesidades de la población. Por ello, es crucial que el Estado adopte medidas complementarias para mitigar los posibles efectos negativos de esta medida, como fortalecer los programas de apoyo a los trabajadores informales y desempleados, así como garantizar la transparencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos.
Francceska Ampuero
Redactora de la Sección de Sudamérica
Estudiante de Ciencias Políticas