Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población en extrema pobreza se incrementó en 249 400 personas este año. Y una de las principales causas, sin duda, es el acceso limitado a carreteras, puentes y otros servicios básicos de infraestructura, que dificulta enormemente el desarrollo y progreso de la sociedad. La falta de conectividad limita las oportunidades de empleo, educación y acceso a mercados, perpetuando así el ciclo de la pobreza. Por ello, este artículo explorará cómo la infraestructura pública robusta y eficiente es una inversión en el futuro de nuestras naciones, y cómo puede contribuir a reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de millones de personas.
¿Por qué la infraestructura es tan importante para hacer una diferencia en la condición económica de la población?
Cuando hablamos de infraestructura, nos referimos al conjunto de construcciones, servicios y medios técnicos necesarios para el funcionamiento y desarrollo de cualquier grupo social. El contar con todo esto le da a la población las herramientas necesarias para desarrollarse económicamente, facilitando el transporte de bienes y servicios, reduciendo los costos de producción y estimulando el comercio. En la actualidad ya hay casos que ejemplifican esta tesis, como es el caso del distrito de Olmos en la región Lambayeque. En dicha región, se realizó un megaproyecto de infraestructura pública, que consiste en una irrigación que logró convertir un desierto en un oasis productivo. Este proyecto tomó solo 9 años y terminó cambiando la vida de sus habitantes. El cambio fue tan abismal que cuando se empezó el proyecto no se podía sembrar ningún insumo por falta de agua y para el 2023 se alcanzaron las 25 mil hectáreas sembradas. Ahora sus cosechas no solo llegan a todo el Perú, sino que Lambayeque se ha convertido en una de las regiones clave de la importación nacional, llegando a continentes como América, Europa y Asia.
Además de lo económico, la infraestructura nos ayuda a cerrar brechas en la falta de servicios básicos que cubren las principales necesidades del ciudadano y que es un factor determinante en el aumento de la pobreza. En este caso, la infraestructura pública juega un gran papel, ya que brinda acceso a servicios como agua potable, saneamiento, electricidad, etc. La falta de estos impacta en la salud, educación y calidad de vida de las personas, de ahí su importancia trascendental. Los servicios básicos garantizan un mínimo para que la vida sea viable y digna. Cuando hablamos de dignidad, nos referimos a contar con elementos sin los cuales se dan situaciones que ponen en peligro la vida. Mientras más infraestructura cubra estas necesidades, más disminuirá la pobreza en esta región, meta que no solo beneficiaría a la región sino al Perú en general y a los mismos ciudadanos.
Desde otra perspectiva, podemos señalar que en algunos casos la misma infraestructura es generadora de empleo, no solo por los puestos de construcción que genera, sino también por quienes la administran. Desde temas administrativos, hasta los puestos que genera su mantenimiento. Con el paso de los años, se ha formado un consenso respecto a que el aumento en empleo genera una reacción negativa en la pobreza. Por ejemplo, como asegura el Instituto Peruano de Economía (IPE), “Sin empleo sostenible y sin aumento en el empleo no hay disminución de la pobreza”. Y a este punto, se puede afirmar que no es fácil gestionar las infraestructuras necesarias, ya que va más allá de solo una decisión. Hay muchos factores geográficos, legales, políticos y de otro ámbito que suelen interrumpir su realización. Sin embargo, y a pesar de los inconvenientes para su construcción, contar con ellas es indispensable para el Perú y su desarrollo.
En conclusión, la evidencia empírica y los estudios de caso demuestran de manera contundente que la inversión en infraestructura pública es una herramienta poderosa para reducir la pobreza y promover el desarrollo sostenible. Al mejorar el acceso a servicios básicos, estimular la economía local y generar oportunidades de empleo, la infraestructura actúa como un catalizador del progreso social y económico. Sin embargo, es fundamental que estas inversiones se realicen de manera estratégica, priorizando las necesidades de las comunidades más vulnerables. En este sentido, es imperativo que los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado trabajen de forma conjunta para diseñar y ejecutar políticas públicas que promuevan una infraestructura inclusiva, eficiente y resiliente, capaz de transformar la vida de millones de personas en todo el Perú.
Mariana Chancafe
Redactora de la Sección de Perú
Estudiante de Ciencias Políticas