El domingo 4 de mayo, el hallazgo de 13 cadáveres correspondientes a trabajadores mineros en Pataz sacudió a todo el Perú. Habiendo sido enviados para confrontar a un grupo relacionado con la minería ilegal, las víctimas fueron secuestradas por una organización criminal que intentaba hacerse del control de la minera Poderosa. Esta ejecución representa el preocupante auge de actividades delictivas relacionadas a la minería ilegal en el país, las cuales han crecido exponencialmente durante los últimos años (Pomeroy, 2025).
El término minería ilegal hace referencia a la actividad minera realizada en espacios prohibidos, como áreas naturales protegidas, que suele emplear maquinaria pesada, no correspondiente a su categoría (MINAM, 2013). Cabe señalar que, al ser una actividad ilícita, sus dimensiones reales son complicadas de precisar. No obstante, rigurosos análisis han logrado identificar estimaciones aproximadas.
En base a ello, es posible afirmar que el aumento de esta actividad suele estar directamente relacionado con el precio del oro, el principal metal traficado (Ver Figura 1) (SBS, 2022). Asimismo, los rendimientos asociados a estas prácticas generan cifras millonarias que incrementan cada año, reportando incluso más ingresos que el narcotráfico (Ver Figura 2) (SWI Swissinfo, 2025).
Como consecuencia, el número de incidentes violentos relacionados a la minería ilegal ha aumentado de forma significativa, particularmente en los departamentos de La Libertad, Madre de Dios y Cusco, las zonas más afectadas. Desde secuestros y amenazas hasta torturas y homicidios, esta actividad es considerada una grave amenaza a la seguridad nacional por más del 80% de la población (Ipsos, 2021). A su vez, los conflictos socioambientales vinculados directamente con la minería han predominado durante la última década, representando, desde el 2015, más del 60% del total (Ver Figura 3).
Además, estas prácticas han contribuido significativamente a la degradación del medio ambiente, deforestando bosques y contaminando ríos (RPP, 2025). Similarmente, dados los numerosos burdeles establecidos alrededor de minas ilegales, esta actividad fomenta la trata de personas, colocando a miles de mujeres y niñas en grave riesgo de explotación sexual (Olmo, 2025).
La minería ilegal constituye una problemática estructural que afecta directamente la gobernanza y seguridad de nuestro país. Más allá de las pérdidas económicas, estas actividades comprometen la estabilidad institucional y el bienestar de miles de peruanos. De esta forma, el asesinato de los 13 mineros en Pataz representa un cruel recordatorio de la ineficiencia en las respuestas de las autoridades gubernamentales, evidenciando la urgente necesidad de implementar medidas concretas que combatan estas delictivas prácticas.
Referencias bibliográficas:
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