Entre las veinte reformas propuestas por el expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), destaca la iniciativa denominada «Reforma Judicial». Esta propuesta busca llevar a cabo un cambio radical en el Poder Judicial Federal, el cual, a juicio del exmandatario, ha demostrado ser ineficiente y estar plagado de corrupción; Esta propuesta generó tanto partidarios como opositores a la reforma.

A finales de agosto, se instaló una nueva legislatura en el Congreso de la Unión, integrada por 500 diputados y 128 senadores. En dicha legislatura, se eligieron los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. Es importante destacar que esta legislatura tiene la responsabilidad exclusiva de debatir y votar sobre la controvertida reforma judicial. Sin embargo, la jueza mexicana Martha Eugenia Magaña ordenó una suspensión provisional al Congreso mexicano para detener el debate parlamentario y la votación sobre esta reforma.

La base de dicho fallo es que la aprobación de la reforma pretende destituir a jueces federales sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna. En ese periodo se habían manifestado diversas protestas por parte de estudiantes universitarios. A su vez, se han realizado protestas por parte de los trabajadores del Poder Judicial. El 11 de septiembre, la nueva legislatura, desoyendo la suspensión impuesta por una jueza mexicana, iniciando en el pleno el debate sobre la reforma judicial.

Ante esto, manifestantes opositores —estudiantes, trabajadores del Poder Judicial y ciudadanos en general— irrumpieron en el Senado mexicano, superando a las fuerzas de seguridad, con el fin de impedir la aprobación de la reforma. Ante esta situación, los senadores trasladaron la sesión a la antigua sede del Senado, la casa de Xicohténcatl en la Ciudad de México, donde finalmente aprobaron la reforma judicial. Sin embargo, los manifestantes lograron infiltrarse nuevamente en la casa de Xicohténcatl.

Finalmente, el 15 de septiembre el presidente AMLO publicó un decreto donde se mostraba el cambio constitucional que entra en vigor a partir de este lunes 16 de septiembre.

¿Qué cambia con la reforma judicial en México?:

Dicha reforma propone modificar los criterios de clasificación, selección y elección de los integrantes del Poder Judicial, es decir, de ministros, jueces y magistrados. Actualmente, el acceso a estos cargos se realiza mediante exámenes de carrera. En el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son propuestos por el presidente de la república y deben ser aprobados por el Senado.
Sin embargo, la propuesta plantea que, a partir de 2025, la designación de jueces, ministros y magistrados se lleve a cabo mediante una elección popular organizada por el INE (Instituto Nacional Electoral). Se prevé que se elijan 1,688 cargos a través del voto directo de la ciudadanía. Para participar en esta elección, los candidatos deberán cumplir con ciertos requisitos como:

➔ El candidato deberá contar con una licenciatura en Derecho.
➔ Ser ciudadano mexicano.
➔ Contar con experiencia profesional en el derecho durante 5 o 10 años de acuerdo al cargo.
➔ Contar con cartas de recomendación de su comunidad.
➔ No contar con cargos el año previo a la elección.
➔ En caso de jueces de distritos y magistrados de circuito debes tener 30 años para ser juez y 35 años para ser magistrado

Respecto a la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se propone un nuevo mecanismo en el cual cada uno de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) presentará diez candidaturas. Es decir, se trata de una reestructuración integral de la Suprema Corte, centralizando la toma de decisiones en el pleno, se eliminarán las salas especializadas y todas las resoluciones serán emitidas por el pleno en sesión conjunta.

La reforma contempla una reducción del número de ministros de la Suprema Corte de once a nueve, así como una disminución del periodo de sus funciones de quince a doce años. Para garantizar la integridad y objetividad de los candidatos a todos los cargos del Poder Judicial, se establecerán restricciones que prohíban el financiamiento de campañas con recursos públicos o privados. Asimismo, se exigirá a los candidatos que no sean militantes de partidos políticos ni estén vinculados a estos.

Otras reformas que buscan agilizar los procesos judiciales y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial son:

➔ Se establecerá un tope salarial para los ministros, el cual no podrá superar el del Presidente de la República.
➔ Se eliminará la pensión vitalicia para los ministros, esto se aplicará tanto a actuales como futuros miembros de la corte. Con estas medidas se busca promover la austeridad y la transparencia.
➔ Asimismo, se propone modificar el periodo de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reduciéndolo de nueve a seis años, tanto para los integrantes de la sala superior como para los de las salas regionales.
➔ Se protege la identidad de las personas con la modalidad “jueces sin rostro”, esta medida es con la finalidad de salvaguardar la integridad de las personas que tengan que desempeñarse en un juicio relacionado al crimen organizado.

Adicionalmente, se plantea la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal -órgano encargado de la vigilancia del Poder Judicial- su sustitución sería por dos nuevos órganos: un órgano administrativo encargado de gestionar los recursos y un tribunal de disciplina judicial, conformado por cinco integrantes con un periodo de cinco años, que evaluaría las actuaciones y resoluciones de jueces, ministros y magistrados. El objetivo de esta reestructuración es fortalecer la vigilancia.

¿Qué piensa la población sobre la reforma?

La propuesta presidencial ha generado una polarización de opiniones. Por un lado, sus partidarios argumentan que esta reforma logrará una supervisión más efectiva del Poder Judicial, restringirá el poder de los partidos políticos, consolidará la democracia y fomentará la participación ciudadana. Por el contrario, los opositores advierten que podría quebrarse el equilibrio de poderes ya que habría ciertos matices en su estructuración que no sería tan independiente y que el proyecto, al centrarse principalmente en el Poder Judicial, ignora la compleja interacción con otras instituciones como la policía, fiscalías y abogados. Cabe destacar que México enfrenta un grave problema de impunidad, con un 96% de los delitos quedando sin castigo.

¿Cuáles serían las controversias?

Antes de la reforma, el Poder Judicial se exigía experiencia y la superación de un examen de considerable dificultad. Quienes obtenían las mejores calificaciones ascendían a jueces y, posteriormente, tras un nuevo examen y cierta experiencia, podían convertirse en magistrados. La reforma judicial propone un cambio, sustituyendo los requisitos de experiencia y exámenes por la elección popular mediante el voto. Se critica que este nuevo método carezca de los filtros necesarios para garantizar que quienes accedan a estos cargos posean la experticia técnica requerida, a pesar de que la reforma sí establece un requisito mínimo de experiencia.

Otro punto de controversia es la posible politización del Poder Judicial derivada de esta reforma. Al ser elegidos por voto popular, existe el riesgo de que la población opte por candidatos que se alinean con sus preferencias ideológicas o partidistas, en lugar de valorar su profesionalidad y capacidad. Esto podría comprometer la neutralidad que es esencial para el ejercicio de la función judicial.

También está la crítica sobre la falta de presupuesto para llevar a cabo elecciones tan complejas. La gran cantidad de candidatos en cada estado (cerca de 200) y el número total de estados (32) dificultan enormemente la tarea de los ciudadanos de conocer a fondo a cada uno de ellos. Incluso la incorporación de la figura del ‘juez sin rostro’ podría representar una grave violación al debido proceso judicial. El hecho de que el acusado desconozca la identidad del juez que lo juzga podría vulnerar sus derechos y podría afectar desproporcionadamente a poblaciones vulnerables.

Esta falta de transparencia podría permitir que el juez pueda estar alineado con intereses políticos o incluso con grupos criminales, sin que el acusado tenga forma de averiguarlo. Además, se modificaron los plazos para resolver los casos, estableciendo un límite de seis meses para los asuntos fiscales y un año para los penales. Ante la carga de trabajo existente en el Poder Judicial mexicano, esta reducción de plazos podría incentivar a jueces, ministros y magistrados a emitir resoluciones apresuradas y, por lo tanto, potencialmente erróneas.

En cuanto a la creación de un órgano disciplinario para sancionar las dilaciones, este podría agravar el problema, al presionar a los operadores judiciales a resolver los casos de manera expedita, incluso a costa de la calidad de sus decisiones. Para el excanciller peruano Diego García-Sayán afirma que “bajo una cobertura que suena atractiva una elección popular de jueces y magistrados en un contexto complicado…. esta reforma donde el envoltorio elección de jueces suena atractivo para mucha gente y la propuesta en esencia, lo que produciría un proceso de control político y jerárquico por el poder ejecutivo por el gobierno sobre el poder judicial”. Asimismo, afirma que al ser el Consejo de la Judicatura Federal independiente y con funciones de administrar sus propios recursos, el cambiar su composición por 5 integrantes elegidos por el presidente, se trataría de un problema.

Finalmente, la reciente reforma judicial en México significa un gran cambio para el Poder Judicial que, como se ha desarrollado, ha sido recibida con una mezcla de expectativas y críticas. Por un lado está la oposición ciudadana, que cuestiona su viabilidad y los beneficios que traerá. Esto debido a que las modificaciones al sistema judicial generan una enorme preocupación, en vista de que no necesariamente garantiza la imperiosa división de poderes. A pesar de estas reservas, la reforma ya es una realidad en el país.