La noche del 5 de abril de 2024, la policía de Ecuador irrumpió en la embajada de México en Quito para apresar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. La operación tuvo lugar mientras ambos países atravesaban un impase diplomático debido a las declaraciones del presidente mexicano Manuel Lopez Obrador sobre las elecciones anticipadas de Ecuador en 2023, donde sugería que el asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio había facilitado el camino para la victoria de Daniel Noboa.
Esta crisis se intensificó después de que el 4 de abril el gobierno ecuatoriano declarara persona non grata a la embajadora mexicana Raquel Serur y ordenara su expulsión. En respuesta, durante el viernes 5, México reaccionó otorgando asilo a Glass, acusado de malversación de fondos públicos, quien se había refugiado alegando persecución política. Ante esta decisión, mediante un comunicado oficial emitido el mismo día, la cancillería ecuatoriana declaró que consideraba el asilo ilícito, ya que apoyaba la evasión de la justicia y promovía la impunidad.
El asalto a la embajada fue un hecho sin precedentes que llevó a Lopez Obrador, a suspender las relaciones diplomáticas con Ecuador y a ordenar la retirada inmediata de todo el personal de la embajada de México en ese país. Según la canciller mexicana Alicia Bárcena, varios trabajadores mexicanos fueron agredidos durante el incidente, y se recurrió a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. En respuesta, el 6 de abril, el gobierno de Ecuador declaró que ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político.
Ante los hechos presentados, y tomando en cuenta que la realización de este operativo policial ha llevado a las relaciones de ambos países a un estado crítico, opino que este tipo de acciones unilateralmente agresivas por parte de la policía de Ecuador son completamente inaceptables.
En primer lugar, la irrupción de los agentes ecuatorianos con carros blindados en la legación diplomática constituye una violación flagrante a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en 1961, donde se establece que las embajadas son territorios de soberanía nacional e inviolables. El hecho de que Glas esté bajo una orden de encarcelamiento y haya sido condenado por corrupción, no afecta de ninguna manera el respeto a esta norma. La Convención de Viena establece que ningún Estado puede emplear su legislación nacional como justificación para violar un tratado internacional, un principio básico y universalemente aceptado. A pesar de esto, Noboa desestimó conscientemente esta norma al tomar una decisión ampliamente condenada a nivel internacional, siendo plenamente consciente de que esto provocaría la ruptura de las relaciones diplomáticas con México.
Este acontecimiento significa una violación al derecho internacional y a su ambito de aplicacion. Hay que tener en cuenta que el derecho internacional es un conjunto de normas que regulan a la sociedad internacional en la que vivimos. Esta sociedad goza de un orden común a todos sus miembros y a las relaciones mantenidas entre ellos, puesto que sus protagonistas (como estados y organizaciones internacionales), desde el momento mismo que participan en la vida internacional, comparten y contribuyen a la existencia de ese orden. El mundo como lo conocemos basado en, como lo describe la Carta de las Naciones Unidas (1945), los derechos fundamentales del hombre, el valor de la persona humana, el progreso social y en la elevación del nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, se rige bajo la condición de que pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y las otras fuentes del derecho internacional. Por lo tanto, el asalto a la embajada implicaría una violación no solo del derecho internacional, sino del orden internacional mismo, y establecería un precedente para otros actores que deseen manejarse dentro de la sociedad internacional de esta manera.
Uno podría argumentar en contra, señalando que los acontecimientos de esta naturaleza no se pueden reducir únicamente a una cuestión jurídica, ya que involucran otros aspectos, como los asuntos internos del país. Jorge Glass fue uno de los colaboradores más cercanos del expresidente Rafael Correa y siempre ocupó posiciones poderosas en la política, como el cargo de ministro en sectores estratégicos y la vicepresidencia. Sin embargo, en 2017 fue procesado por asociación ilícita en el caso Odebrecht, lo que resultó en una condena de seis años de prisión. Poco después, también fue declarado culpable por el delito de cohecho en el caso Sobornos, recibiendo una sentencia de ocho años. Ambas investigaciones situaban a Glas como líder de una red de corrupción que, junto con Correa y varios funcionarios más del Gobierno, negociaba contribuciones de empresas multinacionales para el partido político Alianza País. Adicionalmente, las autoridades judiciales lo habían citado para comparecer en un caso relacionado con fondos públicos recaudados para ayudar a la reconstrucción del país después del terremoto de 2016. Por lo tanto, no es de sorprender que las opiniones a favor de este hecho encuentren justificación en el actuar de Noboa al señalar la impunidad que se le estaría otorgando a un delincuente de no haber intervenido a través de estas políticas de mano dura que tan buen resultado le han dado a otros gobierno como el de Nayib Bukele.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el caso de Jorge Glass podría haber sido abordado de otras maneras en conformidad con el derecho internacional, como a través de negociaciones diplomáticas o mediación internacional. El accionar de Ecuador representa una amenaza para la estabilidad y la seguridad regionales. La irrupción en la embajada de México no solo socava las normas diplomáticas establecidas, sino que también aumenta las tensiones entre los países de la región y podría generar conflictos adicionales en el futuro. Además, esta acción unilateral y agresiva podría minar la confianza en la diplomacia internacional y dificultar la resolución pacífica de conflictos en la región. Al desafiar abiertamente las normas y principios del derecho internacional, Ecuador envía un mensaje preocupante a la comunidad internacional.
Viviana Champy
Redactora de la Sección de Norteamérica
Estudiante de Relaciones Internacionales